Desde Guadalupe Norte, en diálogo con medios de la región como Villa OcampoSF, el abogado Marcelo Cortés se refirió a la compleja situación que atraviesa la familia Rodríguez Chapero en el marco del caso de la niña Zoe.

Cortés explicó que la familia no brindará declaraciones públicas por el momento, pero confirmó que atraviesan un contexto “muy difícil” tras el desarraigo de la menor, quien había sido acogida ante un cuadro de vulnerabilidad marcado por carencias básicas como alimentación, salud e higiene.

Durante la entrevista, el letrado cuestionó con dureza la falta de intervención oportuna por parte de la Subsecretaría de la Niñez, señalando que la familia intentó desde un primer momento regularizar la situación de la niña sin obtener respuestas. “Jamás fueron oídos”, afirmó, remarcando que incluso se realizaron presentaciones judiciales solicitando guarda o tutela.

Según detalló, la niña fue incorporándose de manera progresiva al núcleo familiar, luego de que incluso su entorno biológico sugiriera que permaneciera bajo el cuidado de los Rodríguez Chapero. En ese contexto, la familia habría cubierto sus necesidades médicas, alimentarias y afectivas.

El abogado también hizo hincapié en el impacto emocional que provocó la posterior intervención estatal, que derivó en la separación de la menor. “Hoy no entiende qué ocurre”, expresó, planteando preocupación por las consecuencias psicológicas del proceso.

Además, criticó el despliegue tardío de recursos por parte del Estado: “Si se hubiesen utilizado en el momento oportuno, hoy no estaríamos en esta situación”, sostuvo.

El caso se encuentra actualmente judicializado y a la espera de resoluciones, mientras desde la defensa insisten en que debe primar el interés superior de la niña. La situación sigue generando repercusión en toda la región y reabre el debate sobre el rol de las instituciones en la protección de la infancia.