Una decisión tomada por la Justicia Federal en Entre Ríos podría abrir la puerta a la incorporación de fiscales en el juicio por el caso Loan, el más complejo y de mayor volumen que tiene en agenda el Tribunal Federal de Corrientes.

Luego de que los jueces del cuerpo correntino bloquearan la posibilidad de que más de dos representantes del Ministerio Público Fiscal aleguen en el juicio a un grupo de narcotraficantes, en Entre Ríos el Tribunal Oral de Paraná admitió que un equipo de fiscales pueda intervenir en el proceso seguido a un poderoso contrabandista de droga.

Es que para el debate por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, existe una determinación de la Procuración General de la Nación de sumar fiscales auxiliares al trabajo de Carlos Schaefer, fiscal coordinador del distrito. 

De ese modo serían siete los que intervengan en ese proceso.

Mientras tanto en el juicio que se sigue a 14 personas por maniobras de narcotráfico, el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó por unanimidad el planteo que realizó el principal imputado y confirmó la intervención del equipo de fiscales que dispuso el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, mediante la resolución MP 30/2026. Allí se designó al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias y al fiscal coadyuvante, Martín Uriona, para intervenir en forma conjunta o alternada con el fiscal de juicio de la jurisdicción, José Ignacio Candioti.

Las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas y el magistrado José María Escobar Cello rechazaron el pedido de apartamiento que había realizado la defensa en línea con los argumentos que había planteado el MPF.

En su resolución, señalaron especialmente que la forma de intervención del Ministerio Público Fiscal, conforme lo estipulado por el procurador, forma parte del ejercicio de sus funciones normativas, que gozan de autonomía y autarquía para la toma de decisiones. De esa forma, descartaron que se vea afectado el principio de igualdad de armas, uno de los argumentos que había esgrimido la defensa

El planteo y la respuesta del MPF

El debate comenzó el 3 de marzo de este año. En ese marco, durante las cuestiones preliminares, la defensa de Airaldi cuestionó la intervención tanto del titular de la PROCUNAR como del fiscal coadyuvante Uriona.

En su planteo, la defensa entendió que la intervención de más fiscales en el debate violaba el principio de igualdad de armas y, por lo tanto, la defensa en juicio y el debido proceso.

No obstante, los representantes del MPF sostuvieron que la decisión había sido adoptada por el procurador Casal en uso de sus facultades y en cumplimiento de los mandatos normativos que caracterizan su misión.

Además, sostuvieron que la conformación de equipos de fiscales está previsto en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para darle más eficiencia a la labor de los fiscales en el marco de su función. Indicaron también que la intervención de la PROCUNAR está prevista específicamente en materia de narcocriminalidad para intervenir en forma coordinada con los fiscales, de acuerdo con la resolución PGN 208/2013

También destacaron que los principios de actuación que rigen para los representantes del MPF conforme su ley orgánica, en particular el de unidad de actuación dentro de su estructura jerárquica, imponen la unificación de criterios de persecución más allá del número de intervinientes en el proceso. 

Los casos

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio realizado por la Fiscalía Federal de Paraná, se señala a Leonardo Airaldi como organizador y financista del tráfico ilícito de estupefacientes que tuvieron lugar entre 2019 y el 8 de marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en la provincia de Entre Ríos. En esa investigación, se pudo identificar a los otros 13 implicados en las maniobras: cuatro de ellos ya alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado, que será tratado al momento de la sentencia.

“Cada uno de los integrantes ha representado y desempeñando un rol específico en su estructura, liderada por Leonardo Roberto Airaldi, encargado de la coordinación general, gestión financiera y la obtención de información de importancia y proveniente de funcionarios policiales, que era utilizada para sortear operativos de control y/o seguridad”, se explicó en el requerimiento formulado por el fiscal federal interino Leandro Ardoy.

Por otro lado, Airaldi también es juzgado por el secuestro de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad costera de Puerto Gaboto, en el departamento San Jerónimo de la provincia de Santa Fe. Por el caso, permanece prófugo un empleado rural señalado como el encargado de custodiar la droga y trasladarla por el río Paraná desde un establecimiento ubicado en las islas.