En la Sala 4 del subsuelo de tribunales, el médico Sebastián Grin, de 42 años, se presentó en una audiencia judicial en calidad de víctima. Grin, un traumatólogo, mantiene un litigio con su ex pareja, María Eugenia L., imputada por los delitos de daño y lesiones leves dolosas. El doctor manifestó que hacía 17 meses que reclamaba justicia en la causa.

Acompañado por el abogado Santiago Banegas, quien ejerce la querella en la causa, Grin solicitó al juez Leandro Lazzarini que se expida en la materia, haciendo referencia a la situación de «todos los hombres que somos víctimas de falsas denuncias» y leyendo una reflexión sobre la «igualdad ante la ley» para hombres y mujeres. Expresó no sentirse «defendido por las normas» que actualmente se aplican.

La audiencia fue solicitada por la parte querellante con el propósito de solicitar el agravamiento de las medidas cautelares no privativas de la libertad que pesan sobre María Eugenia L. La solicitud se fundamentó en el reiterado incumplimiento por parte de la imputada de las disposiciones judiciales establecidas para resguardar la integridad de la víctima.

Los reiterados incumplimientos

El doctor Banegas, en su exposición, precisó que su parte ha sido «sumamente paciente», pero que la imputada ha incumplido las medidas cautelares en más de 20 ocasiones desde que el caso ingresó a la justicia penal en enero de 2025. Se presentaron 18 escritos documentando tales incumplimientos. El letrado remarcó que «la paciencia de esta parte se agotó el miércoles pasado cuando realizó cuatro publicaciones —historias en Instagram— donde acusa a mi cliente de abuso sexual».

El querellante recordó que esta práctica ya había sido utilizada por María Eugenia L. y «desestimada in limine» en sede judicial. En aquella ocasión, el doctor Grin estuvo privado de su libertad durante seis días y fue liberado sin que la fiscalía formalizara imputación alguna. Banegas enfatizó que la imputada, con pleno conocimiento del archivo de esas denuncias, realizó publicaciones falsas que fueron resguardadas por escribano público y exhibidas durante la audiencia de este jueves.

Banegas sostuvo que las medidas alternativas dispuestas el año pasado «no están siendo idóneas para mitigar los riesgos procesales», lo que incluso afecta la tranquilidad de los testigos de la causa. Si bien la querella manifestó su oposición a solicitar la prisión de la imputada como forma de resolver el conflicto, requirió la imposición de una caución real de $ 1.000.000, con el fin de que María Eugenia L. «al menos piense antes de incumplir» con el mandato judicial.

Por su parte, el fiscal Ignacio Suasnabar adhirió al planteo de la querella. El funcionario judicial consideró que era necesario «endurecer las medidas no privativas de la libertad» impuestas. Recordó que en la audiencia del 9 de enero de 2025, las medidas originales incluían una prohibición absoluta para administrar redes sociales, la cual fue morigerada en el mes de marzo.

En su turno, la imputada María Eugenia L. solicitó la palabra para ejercer su defensa. Intentó desviar la acusación afirmando que en las publicaciones aludidas «me refería a otra persona que me había mandado un mensaje». Sin embargo, esta aseveración fue rápidamente desacreditada por la querella, que exhibió las copias de las publicaciones difamatorias realizadas en Instagram.

El defensor público Gustavo Durando reconoció la existencia de «un conflicto que ella no niega». Aunque aceptó la imposición de una caución, solicitó que la misma se fijara en $ 500.000. Adicionalmente, el defensor acompañó certificados médicos que acreditan que su defendida continúa con el tratamiento médico oportunamente indicado en sede judicial.

La resolución judicial

Tras escuchar a todas las partes, el juez Lazzarini fue contundente al establecer que «no hay controversia sobre el incumplimiento de la señora», quien actuó en «clara violación a las medidas impuestas» con anterioridad. Bajo este argumento, el magistrado coincidió con la necesidad de «revisar y ajustar las medidas cautelares», tal como lo propuso el bloque acusador.

Finalmente, el juez Lazzarini resolvió retrotraer las medidas cautelares a las dispuestas originalmente el 9 de enero de 2025. Dicha resolución implicaba una prohibición total para el uso de redes sociales, tanto en perfiles existentes como en cualquier cuenta nueva que María Eugenia L. pudiera crear. Sin embargo, considerando que la acusada manifestó utilizar las redes sociales como medio de vida para promocionar su spa de uñas, el juez permitió la continuidad de dicha actividad, siempre y cuando la administración de las cuentas fuera realizada por un tercero ajeno al conflicto.

Asimismo, el magistrado reiteró a la imputada la obligación de fijar domicilio; dar continuidad al tratamiento médico requerido; la prohibición de contacto con la víctima y su entorno; y comparecer cada 30 días ante las oficinas del Ministerio Público de la Acusación. Además, fijó una caución real de $ 500.000, monto que deberá ser depositado en cuenta judicial durante la próxima semana.