Ramiro Ramos, director de la institución Integrar de Reconquista, manifestó su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector de discapacidad en todo el país. En diálogo con los colegas de Radio Amanecer, aseguró que el panorama actual “es el peor” y advirtió que muchas instituciones se encuentran al borde del cierre debido a la falta de pagos y a las dificultades administrativas para aplicar la normativa vigente.

Ramos explicó que la implementación de la ley que regula el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad se volvió extremadamente compleja, lo que genera temor entre los prestadores al momento de presentar la documentación requerida. “La ley no se aplicó de manera clara, se implementó de forma tan difícil de llevar adelante que nadie lo pudo hacer. Nadie quiere presentar porque tienen miedo a equivocarse”, señaló.

A esta situación se suma la interrupción de pagos a prestadores por parte de organismos nacionales como PAMI, Incluir Salud y distintas obras sociales nacionales. Según indicó, durante este mes directamente se cortaron los pagos y las instituciones no tienen certezas sobre cuánto cobrarán ni de qué manera deben presentar la documentación. “Esperamos un instructivo claro porque hoy nadie sabe lo que va a cobrar ni cómo presentarlo”, sostuvo.

El director de Integrar detalló que muchas instituciones del país solo han cobrado prestaciones hasta el mes de octubre y que durante los últimos dos meses no ingresó ningún tipo de financiamiento. Además, señaló que tampoco existen canales de comunicación claros para realizar consultas o gestionar reclamos.

La falta de recursos ya está generando un fuerte impacto en todo el sistema de atención. Ramos explicó que numerosas instituciones atraviesan serias dificultades para afrontar gastos básicos como el pago de sueldos, servicios, alimentación, transporte y otros costos indispensables para sostener las prestaciones.

“Muchas instituciones que trabajan en discapacidad están cerrando. No pueden pagar impuestos, ARCA las baja, se caen los financiamientos, se cierran centros de día, transportistas que no pueden sostener el servicio y profesionales que no cobran sus aranceles, que ya de por sí son bajos”, afirmó.

Frente a este panorama, organizaciones que integran el foro del sector convocaron a prestadores de todo el país a sumarse en los próximos días a distintas medidas para visibilizar la problemática.

Según indicaron, más de 170 instituciones a nivel nacional se encuentran en una situación crítica. En el caso de Integrar, la institución atiende actualmente a 130 niños y niñas y cuenta con alrededor de 60 trabajadores.

“Si se cierra, quedan 60 familias sin fuente laboral y 130 personas sin atención”, advirtió Ramos.

Finalmente, el director remarcó que la crisis afecta a todo el país y expresó su preocupación por la falta de respuestas oficiales. “Por el momento nos dijeron que este mes no van a pagar. Esperamos novedades más esperanzadoras porque la situación es muy compleja”, concluyó.