Luego del portazo que dio Marco Lavagna por la decisión del Gobierno de frenar la publicación de un índice de precios actualizado desde este mes, el Indec informó que la inflación de enero fue del 2,9%.

El dato quedó por encima de lo esperado por el mercado y mostró una aceleración frente al 2,8% de diciembre, lo que representó la quinta suba consecutiva. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyectaba un 2,4% para el primer mes del año.

El contexto de la publicación estuvo atravesado por cuestionamientos a la credibilidad que puede enfrentar el organismo estadístico y, por extensión, el proceso de desinflación que el oficialismo presenta como su principal bandera económica.

Uno de los focos de la polémica es la continuidad de la metodología actual del IPC, basada en la canasta de consumo de 2004. La decisión oficial de postergar el nuevo índice, que se elaboró con datos de la encuesta de gastos 2017-2018, derivó en la renuncia de Lavagna al frente del Indec.

El nuevo indicador estaba listo desde fines de 2023, pero su implementación se fue demorando por distintos motivos. El Fondo Monetario Internacional, que asesoró y financió el proceso, había pedido un año base previo a su publicación. Luego se sumaron cuestiones logísticas vinculadas al relevamiento y, finalmente, el calendario electoral.

Tras la salida de Lavagna, asumió el hasta entonces director técnico del organismo, Pedro Lines, quien había evaluado dejar su cargo por los bajos salarios en el Indec durante 2025.

Desde el Gobierno defendieron la decisión de postergar el nuevo índice. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “no se pueden comparar peras con manzanas”, en referencia a los cambios en los ponderadores de la canasta. El esquema vigente, basado en datos de 2004, otorga menor peso a los servicios, mientras que la actualización prevista le daba mayor participación a ese rubro, en línea con la evolución del consumo.

Según el propio Caputo, el plan oficial contempla aumentos de tarifas que, mes a mes, se ubicarán por encima de la inflación, lo que podría generar tensiones en las expectativas si se aplicara la nueva metodología.

El ministro también anticipó que se realizará una nueva encuesta de gastos para reflejar los cambios en los hábitos de consumo tras la pandemia. Ese operativo, según estimaciones oficiales, demandaría unos cuatro años de trabajo y un costo cercano a los 5 millones de dólares.

En el frente de las proyecciones, el Gobierno prevé una inflación anual del 10,1% para 2026 en el proyecto de presupuesto, mientras que los economistas relevados por el REM del Banco Central estiman un nivel más cercano al 22,4%.