Casi 4.000 causas en un año: el dato que estremece

Durante 2024, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició 3.989 causas penales contra policías y penitenciarios en Santa Fe. El 93% de esas causas corresponde a personal activo en funciones al momento de los hechos: 3.730 trabajadores.

Con una dotación total de 28.785 efectivos (23.535 en la Policía de Santa Fe y 5.250 en el Servicio Penitenciario Provincial), esto representa que uno de cada ocho uniformados está siendo procesado penalmente. Una cifra que desnuda una crisis estructural del sistema de seguridad y justicia, que ningún gobierno se anima a asumir.

Entre la duda, la inocencia y el abandono: ¿Quién responde?

No todos los imputados son culpables. Pero cuando hay tantos procesados, hay responsables por arriba: funcionarios políticos, jefes policiales y fiscales que no previenen, no conducen y no rinden cuentas.

Mientras tanto, miles de trabajadores enfrentan solos una maquinaria judicial que los aplasta, sin distinguir entre quien cometió un error y quien actuó con profesionalismo, dentro de un margen razonable propio de situaciones complejas y de alto riesgo.

El caso Casco: cinco años presos, después absueltos

En la emblemática “Causa Franco Casco”, policías de la Comisaría 7ª de Rosario pasaron más de cinco años en penales federales, acusados de desaparecer a un joven. En juicio oral, fueron absueltos totalmente.

Fueron inocentes desde el primer día. Pero el daño ya estaba hecho: cárcel, estigmatización y olvido estatal. Es el ejemplo más brutal del sistema de castigo por portación de uniforme.

Fiscales denunciados y espionaje sin castigo

Detrás de muchas de estas causas están fiscales que han sido denunciados públicamente por irregularidades y armado de causas:

Matías Edery y Luis Schiappa Pietra (Rosario)

Martín Castellanos (Rafaela)

Además, estos mismos fiscales han sido vinculados a la causa que investiga al exministro Marcelo Saín, por el funcionamiento de un aparato ilegal de inteligencia paraestatal, utilizado para perseguir a policías, políticos y funcionarios.

Mientras miles de policías son procesados, el espionaje interno sigue sin investigarse ni castigarse.

Prisión preventiva como castigo anticipado

En muchos casos, se detiene a policías por su sola condición de tales, sin pruebas firmes, con el pretexto de que “pueden entorpecer la causa”.

El resultado: prisión preventiva masiva y aceptación forzada de juicios abreviados como única vía para salir del encierro. Una verdadera tortura judicial disfrazada de legalidad.

El Estado empleador se borra: defensa legal, derecho incumplido

La Ley 12.521 garantiza que el Estado debe brindar defensa legal a sus policías en causas por actos de servicio. Pero esto no se cumple. Las familias deben endeudarse para pagar abogados particulares, porque el Estado —que ordena procedimientos— desaparece cuando el trabajador cae en desgracia.

Casos recientes muestran que incluso en causas armadas o evidentemente irregulares, los efectivos quedan a la deriva, recurriendo a los pocos abogados que aún defienden a trabajadores policiales.

APROPOL PROPONE: Crear la Defensoría Policial como órgano de apoyo legal y estratégico

En el marco de esta crisis estructural, se vuelve urgente la creación de un organismo independiente y especializado que actúe como Defensoría Policial.

¿Qué es la Defensoría Policial?

La Defensoría Policial sería un organismo autónomo e independiente de las estructuras jerárquicas de las fuerzas de seguridad, con la misión de:

Defender a los trabajadores de la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario Provincial frente a causas penales relacionadas con su ejercicio profesional.

Brindar acompañamiento legal especializado en todos los procedimientos judiciales en los que los efectivos se vean involucrados por actos de servicio.

Garantizar que el Estado cumpla con su obligación de proporcionar una defensa justa, tal como establece la Ley 12.521.

Experiencias similares en países como Colombia y Brasil, donde existen defensorías especializadas, demuestran la viabilidad y el impacto positivo de este modelo institucional.

¿Por qué es urgente?

El sistema judicial actual ha llevado a miles de efectivos a enfrentar juicios sin apoyo adecuado. Además, la ausencia de respaldo legal por parte del Estado expone a los trabajadores a costos económicos y emocionales devastadores.

La Defensoría cumpliría un papel fundamental en:

Asesoramiento y defensa legal de los trabajadores policiales.

Revisión de los casos procesales para detectar irregularidades.

Gestión de recursos económicos y humanos para garantizar el acceso universal a una defensa especializada.

¿Cómo funciona?

Independencia institucional: No dependería del Ministerio de Seguridad ni de la cúpula policial, asegurando imparcialidad y protección efectiva.

Red de apoyo multidisciplinario: Abogados, psicólogos, trabajadores sociales. También asistiría en casos de estrés postraumático o acoso institucional.

Acción proactiva: No solo respondería a casos, sino que actuaría preventivamente ante abusos o prácticas ilegales.

Alternativas institucionales viables

Dentro de la Defensoría del Pueblo, con fuero especial.

Organismo autárquico y colegiado, con participación de universidades, sindicatos y DD.HH.

Adjunta al Ministerio Público de la Defensa, como unidad especializada.

Beneficios esperados

Fortalecimiento de los derechos humanos del trabajador policial.

Prevención del uso político de la Justicia.

Mejora de la salud mental y condiciones de vida del personal.

Recuperación de la confianza social en las fuerzas.

Conclusión: disciplinamiento judicial y abandono institucional

Procesar a uno de cada ocho policías no es un mérito judicial: es una confesión institucional. Un síntoma de que la política de seguridad se está tercerizando en tribunales, sin control ni justicia.

Desde APROPOL decimos basta.

SI EL QUE CUIDA NO TIENE QUIÉN LO CUIDE, NO HAY SEGURIDAD PARA NADIE.