El reclamo recorrió el país. A lo largo de todo el día se llevaron adelante manifestaciones pidiendo la aprobación de la ley de Emergencia en Discapacidad. En Buenos Aires estuvo el epicentro, con una recorrida hasta el Congreso. La Ciudad de Santa Fe tuvo su réplica durante la noche, con una marcha que fue desde el Molino Marconetti por todo bulevar hasta el Puente Colgante.

Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios se convocaron para reclamar por los recortes que afectan al sector. El reclamo es el mismo que tiene lugar desde hace años, pero acusan que se agudizó fuertemente durante el último año.

La protesta tuvo lugar en medio de un paro que los prestadores llevaron a cabo durante la semana. Además, se confirmó que el proyecto tuvo pedido de sesión para ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 4 de junio, a las 12.

Reclamo federal

La jornada tuvo su mayor cara visible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con carteles, banderas y cientos de padres y madres que empujaban sillas de ruedas entre el ruido del tránsito porteño, la columna llegó hasta el Congreso Nacional.

Una particular situación ocurrió cuando cruzaron por las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y algunos empleados salieron por las ventanas del edificio en señal de acompañamiento, aplaudiendo, saludando con pañuelos y arrojando papeles al viento.

A la marcha de la capital se sumaron movilizaciones en Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y muchas otras provincias. En todas las marchas los carteles hablaron de lo mismo: derechos vulnerados, de la necesidad de prestaciones para vivir con dignidad, de la urgencia de una política inclusiva y sostenida.

Por la tarde-noche tuvo lugar la movilización en la Ciudad de Santa Fe, donde con velas encendidas una larga columna con cientos de personas se movilizaron a lo largo de todo bulevar hasta el Puente Colgante.

En simultáneo, también hubo una manifestación en la ciudad de Rafaela. El escenario elegido fue la Plaza 25 de Mayo en adhesión a la protesta nacional convocada por organizaciones y trabajadores del sector para reclamar la urgente sanción de la ley de Emergencia en Discapacidad, de acuerdo al testimonio de Radio Rafaela.

En todos los casos, la expresión fue la de una crisis que si bien es sostenida en el tiempo se agravó durante el último año. Aranceles congelados, demoras en pagos, recortes de prestaciones, medicación interrumpida, pensiones sin resolverse y una andanada de cartas documento con auditorías que unieron en el reclamo a prestadores, familiares, organizaciones y personas con discapacidad.

El debate llega al recinto

La ley que se debatirá en el recinto la semana próxima busca declarar la emergencia hasta fines de 2027. Su dictamen fue aprobado en tres comisiones con respaldo mayoritario, pero el oficialismo se resiste a aprobarlo invocando el plan de déficit cero.

El proyecto con dictamen de mayoría es impulsado por el diputado Daniel Arroyo contempla una compensación extraordinaria para actualizar las prestaciones básicas, la resolución de miles de pensiones sin tramitar, la derogación de la Resolución 187/2025 y la implementación de mecanismos más transparentes y adecuados al modelo social de la discapacidad.

En cuanto a la compensación extraordinaria para prestaciones básicas, se calcula un gasto adicional de $277.349 millones para compensar la diferencia entre los aranceles actualizados y la evolución del índice de precios al consumidor entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Este monto representa un 0,03 por ciento del PIB. Mientras que la actualización de asignaciones para talleres protegidos de producción, se estima en un gasto adicional de $7.160 millones respecto al presupuesto actual, equivalente al 0,0008 por ciento del PIB.

Se supone que la bancada libertaria en compañía de los bloques dialoguistas buscará el rechazo de la iniciativa por ir en contra de la expansión del gasto público que tiene como objetivo el gobierno nacional. En esa línea, desde la administración libertaria ya advirtieron que, si es aprobada, la norma será vetada por el presidente Javier Milei.

"Es una iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó", expresó la ANDIS sobre el proyecto tras lograr dictamen de comisión. El organismo, encabezada por Diego Spagnuolo, sostuvo que la propuesta "desatiende los estándares internacionales" y "posterga la verdadera inclusión". "Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social", expresó en un comunicado.