Un casó inédito sorprendió a todos los vecinos de San Luis: una mujer recibió una millonaria transferencia por parte del Gobierno provincial. Si bien esperaba la cuota alimentaria, su sorpresa fue aún mayor cuando se encontró con la transacción de 510 millones de pesos.

Sin pensarlo demasiado, Verónica Acosta decidió utilizar el dinero y los gastó en cuestión de horas. Compró alimentos, adquirió electrodomésticos y además, ayudó a familiares.

En menos de 48 horas, el Estado congeló su cuenta, allanó su casa, incautó celulares de sus hijos y la imputó por defraudación al Estado. Ahora, ella y otras cinco personas (familiares y allegados) deben pagar $30 millones cada uno en fianza para evitar la prisión.

"No somos ladrones. Si el Gobierno se equivocó, ¿por qué pagamos nosotros?", dijo Acosta sobre la insólita situación. Como era de esperarse, muchos internautas reaccionaron en redes y opinaron sobre lo sucedido.

Por otra parte, el contador que realizó la transferencia fue quien luego denunció el error. Según la defensa, no pesa ninguna imputación sobre él hasta el momento.

En esa línea, es importante que el Gobierno recuperó el 90% del dinero, donde parte fue devuelta voluntariamente y el resto está siendo rastreado por billeteras virtuales.

Desde Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, se sostiene que hubo intentos previos de contacto para alertar sobre la equivocación, pero no fueron respondidos. "La buena fe hay que demostrarla con hechos", señaló Ávila.

La defensa, sostiene firmemente que no existió ninguna maniobra fraudulenta. Califican a los acusados como "personas humildes, sin antecedentes, con domicilio" que "nunca actuaron de mala fe". Insisten en que no se trata de una red de estafadores, sino de un "error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes".

Según el abogado, Verónica Acosta "nunca fue notificada por una devolución, por un error, por nada" antes de las acciones judiciales. La familia se enteró de la situación "cuando les realizan el allanamiento con las detenciones y el secuestro de todos los elementos que habían comprado".

Sobre la fianza impuesta, la defensa y los acusados la consideran "exorbitante e imposible de cumplir". La jueza exigió a cada uno de los seis imputados el depósito de 30 millones de pesos en un plazo de tres días hábiles para no quedar detenidos. Esto suma un total de 180 millones de pesos.

El letrado defensor criticó la desproporcionalidad de esta medida, especialmente aplicada a "gente humilde". También comparó su situación con la de figuras políticas de alto perfil que enfrentan acusaciones graves y están en libertad, sugiriendo que sus defendidos son "perejiles" a los que se les quiere aplicar "todo el peso de la ley".

Tanto la imputación, como el monto de la caución han sido apelados por la defensa. Mientras se espera una resolución, las familias afectadas, que incluyen niños pequeños, personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad, viven con la amenaza de volver a prisión. Verónica Acosta reiteró: "No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Gobierno. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro".