Estudiantes, docentes, egresados, rectores, investigadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se concentran este martes a lo largo y ancho de Argentina para llevar a cabo una marcha en defensa de la Universidad pública.

La convocatoria es "contra del ajuste presupuestario" de las universidades, que -según advierten- dejó a los fondos para la educación superior en su piso histórico y podría llevar a la caída del sistema de estudios público.

Desde el gobierno nacional hubo intentos por desactivar la protesta, centrados en un aumento de las partidas para gastos de funcionamiento (no salarios) y en un discurso centrado en acusaciones por falta de transparencia en el manejo de los fondos, adelantando que se pondrán en marcha auditorías, así como también del “adoctrinamiento” que atribuyen a las Casas de Estudio. También hubo gestiones específicas a través de contactos con rectores y vicerrectores para pedir que se deje sin efecto la marcha o se reduzca su voltaje, aunque ya sin margen para ello.

Partidas de último minuto

En las últimas horas, un comunicado del Ministerio de Capital Humano, del que depende el área de Educación, informó que se transfirieron a las 65 universidades públicas poco más de $21.888 millones.

“Tal como estaba planificado cuando se estableció el cronograma de pagos con el CIN, en el día de hoy se realizó el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, con un aumento del 70% y por un total de $10.075.851.995, lo que concluye la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior”, indicó la cartera que dirige Sandra Pettovello.

“Este gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y la ejecución de toda partida asignada. La Subsecretaría de Políticas Universitarias continuará trabajando en auditar y fiscalizar todo gasto que se apruebe, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 2 de la ley N° 24.521 [de Educación Superior]: «El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y la fiscalización de las universidades privadas»”, concluye el comunicado.

Presupuesto congelado

La situación que dio pie al reclamo es que el Gobierno actual prorrogó el presupuesto de 2023, dado que el 2024 nunca se aprobó en el Congreso. Por lo tanto, con una inflación interanual de 275,5%, las universidades comenzaron el año –al igual que tantas otras áreas del Estado– con el mismo presupuesto con el que contaron en 2023, y se votó a fines de 2022, casi $1,4 billones.

Según concluye un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en base a la plataforma oficial Presupuesto Abierto, aun incorporando los dos últimos aumentos del Gobierno, el presupuesto total para las universidades solo aumentaría un 4,1%, lo que significa un 71% menos en términos reales que en 2023. Y sería el presupuesto universitario más bajo desde que entró en vigencia la Ley de Educación Superior (1996).

A la vez, los fondos destinados a salarios, que explican el 82,6% del presupuesto total, no aumentaron con respecto al presupuesto inicial y en el primer trimestre la ejecución de partidas fue un 30% menor que respecto a igual período del año pasado.

El mismo reclamo que motoriza la protesta de hoy ya había hecho que el 14 de marzo las 55 universidades nacionales hicieran un paro de 24 horas “en rechazo al congelamiento del presupuesto y a la caída de los salarios”, y el 21 de febrero emitieron un comunicado en el que denunciaban que las universidades públicas se encontraban en una situación crítica. Ahora, en las jornadas previas a la marcha se dieron una serie de clases públicas y abrazos a las instituciones de todo el país.