Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado analizó la delicada situación que se vive en la ciudad de Rosario a causa de la presencia y ataques narcos que se perpetraron en los últimos años. "Nuestro país ya es casi un narcoestado", consideró la magistrada, al apuntar que el funcionamiento y control que poseen los jefes narcos en el país fue resultado de los vínculos de corrupción que supieron trazar con los funcionarios públicos.

El panorama "es muy preocupante", aseguró Arroyo Salgado al señalar que la única manera de frenar a las redes del crimen organizado dependería de una política de Estado que provenga desde la cúpula del poder estatal. En este sentido, la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro denunció que la actividad narco no solamente está en desarrollo en la ciudad santafesina, sino que las rutas también están vigentes en varias partes del país.

"Tenemos que sincerarnos, hablar de lo que hay que hablar, nuestro país ya es casi un narcoestado", sentenció al referirse a los nexos trazados entre las instituciones y funcionarios estatales con los líderes de las bandas narco que operan en el territorio nacional. Incluso, puso como ejemplo que en el Municipio de San Isidro también había causas abiertas por escenas de sicariatos, ajustes de cuenta y peleas de territorio, aunque la información no tenía la misma trascendencia que los casos rosarinos.

Al mismo tiempo, Arroyo Salgado destapó: "La preocupación es que estamos conviviendo con el narcotráfico adentro", para después hacer mención a las destituciones de funcionarios judiciales por haberse comprobado sus vínculos con el narcotráfico. En la lista que enumeró la magistrada se destacaron los prontuarios del exjuez federal salteño Raúl Reynoso, condenado en 2019 por pedir sobornos a detenidos; el exjuez federal correntino Carlos Soto Dávila, condenado en 2023 por cobrar coimas a narcotraficantes; y al exfiscal de San Isidro Claudio Scapolan, destituido el año pasado por encubrir a una banda de policías y abogados que extorsionaban a los narcos de la jurisdicción.

Luego de ser consultada sobre la problemática, la jueza federal sentenció que "hasta que no haya una auténtica política de Estado que baje desde lo más alto del poder, en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, vamos a seguir así". En paralelo, destacó la gestión del nuevo intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quien puso el tema como prioridad en su agenda de trabajo. "Nos están llegando los casos que nos debían llegar", resaltó.

El gobierno nacional a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene en agenda la lucha contra el narcotráfico, sobre todo a raíz de la situación en Rosario. Es más, la funcionaria recibió, la semana pasada, una serie de amenazas producto de haber instalado el programa denominado como Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, el cual tiene como finalidad identificar, desarticular y neutralizar a los miembros de las organizaciones criminales.

Desde que asumió la titularidad de la cartera, además, se estableció un nuevo régimen aplicado a los detenidos condenados por delitos vinculados al narcotráfico, asociación ilícita, sicariato y asociación ilícita que obligó a que estos fueran separados del resto de la población carcelaria común ante la sospecha de que éstos hubieran ocupado el rol de facilitadores a la hora de conseguir dispositivos electrónicos que les permitieran mantenerse en contacto con el afuera.