La recesión aterrizó con fuerza en la provincia de Santa Fe y comenzó a impactar en el empleo. Por efecto de la caída de la actividad económica, en los últimos meses de produjeron 10.695 suspensiones de trabajadores del sector privado, luego de que 60 empresas de distintos rubros solicitaran ante el Ministerio de Trabajo provincial la aplicación del artículo 223 bis de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo, que permite echar mano de esta medida en un contexto de crisis.

A los casos emblemáticos de la siderúrgica Acindar, que paralizó el mes pasado sus actividades por caída de la demanda en todas las plantas del país - dos de las cuales están radicadas en territorio santafesino- , y la carrocera Marco Polo, asentada en el polo productivo del sector en el Gran Rosario, se le suman compañías de otros rubros como la construcción o industrias del sector de la alimentación, química, del vidrio y del plástico, y de servicios como el gastronómico y de vigilancia.

El secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, confirmó a LPO la cifra de suspensiones y las desagregó por sectores. Los afectados son 2.479 trabajadores del sector metalúrgico, 1.076 de la construcción, 5.794 del rubro de vigilancia, 65 de la industria de alimentación, 367 del sector de la sanidad (Atsa) Rosario, 164 de la industria química, 233 de la producción de vidrio, 519 del rubro gastronómico y 17 de la industria del plástico.

"Las suspensiones son una alternativa ante una economía que se venía deteriorando y que ingresó en una recesión", detalló el funcionario y precisó que mediante esta herramienta, y en un acuerdo tripartito entre empresas, gremios y el Estado, los trabajadores reciben en lugar del salario una suma sustitutiva no remunerativa que alcanza entre el 80% y el 100% de sus ingresos habituales.

La inquietud por la situación laboral - que hasta hace unos años no representaba una alerta en la provincia y la región- llegó a la Legislatura de Santa Fe. En la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron una "Declaración de preocupación" por los despidos en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, casi 1.100 personas en todo el país, 42 de los cuales son santafesinos. "Este Instituto nació para contener las políticas económicas de los años '90 y sus conocidas consecuencias en todo el país", recordó el diputado del bloque UPCS-Socialista Sergio Rojas.

Para el legislador del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, "ese modelo que en el cual el Estado nacional se posicionó a favor de los sectores concentrados de la economía, hoy se replica y empieza a tener impacto no sólo en el empleo público sino en el sector privado".

En ese contexto, desde el gobierno provincial vienen "monitoreando" el pulso del mercado laboral. "Seguimos de cerca la situación y conversando con todos los sectores", planteó Genesini y detalló que de las 60 empresas que formalizaron pedidos de suspensiones, la mitad son acuerdos formalizados en noviembre de 2023 que se renovaron y el resto corresponden a 2024.

En la provincia, y según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, a diciembre del año pasado había registrados poco más de 523 mil trabajadores en el sector privado, con lo cual el número de suspensiones afecta al 2% de quienes componen el mercado laboral formal.

Los números de este deterioro del empleo, no son azarosos. En Santa Fe la actividad económica retrocedió 9,6% en enero y la inflación de marzo llegó al 12,4%, ambos por encima de los indicadores nacionales. Y, además, en una provincia con un fuerte y diverso entramado industrial y comercial, la producción manufacturera se derrumbó 9% el mes pasado en forma interanual, el peor registro en 8 años, según consignó la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

La fuerte devaluación de diciembre, apenas asumió el gobierno de Javier Milei, funcionó como un freno de mano para la economía santafesina que venía de un progresivo proceso de desaceleración a partir del segundo semestre de 2023.

"El gobierno de Milei heredó la menor tasa de desempleo de los últimos 30 años", detalló el equipo del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), el centro de estudios liderado por el economista Sergio Arelovich y explicó que "esta realidad otorga bastante margen al nuevo gobierno para la aplicación de políticas disciplinadoras contra la clase trabajadora". Todo esto, en un contexto en el cual el salario promedio de la economía "perdió en dos meses un 20% de su poder de compra", indicó el informe de Mate el cual precisó que "respecto al final del gobierno de Alberto Fernández, cada trabajador está trabajando gratis un día hábil todas las semanas".