“Lo están dejando morir”. Así definen trabajadores y trabajadoras la situación del programa Pro-Huerta, que desde hace más de tres décadas funciona como herramienta de facilitación de recursos alimenticios y capacitación para miles de familias en todo el país. Su existencia depende de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el área que conduce Sandra Pettovello no dispuso autoridad que firme su renovación. En los hechos, eso implica su final.

Además de la no firma del convenio, no fueron renovados los contratos de más de 40 trabajadores que integran el programa a través del Ministerio (el resto del personal depende del INTA).

“Hay una situación de abandono y de dejar morir un programa que lleva más de 30 años de existencia, dándole respuesta a miles de familias en todo el país. Y son 43 trabajadores y trabajadoras que no tienen respuesta. Son quienes le dan vida al programa, a esta política pública”, advirtió Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INTA.

“Desde la coordinación nacional de ATE en INTA venimos exigiendo para que se agoten todos los canales en la búsqueda de esa firma por parte de Capital Humano, que es quien debiera terminar de cerrar este convenio. Porque sabemos que desde INTA elevaron una resolución donde se reubicaba al programa en la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), pero esa firma por parte de Capital Humano nunca se concretó. Es simplemente dejar morir. Al no renovar, simplemente cae”.

Hasta el cierre de esta nota, no hubo información sobre el futuro del programa por parte de la cartera de Pettovello. “Lo que queremos remarcar es la importancia de Pro-Huerta y sobre todo en este momento de brutal miseria planificada. Porque multiplica el alimento a familias empobrecidas por este sistema y sobre todo por el gobierno de Javier Milei”, resumió Boedo.

El riesgo alimentario sin Pro-Huerta

Pro-Huerta permitió impulsar más de 600 mil huertas familiares y escolares, entregó más de un millón de kits de semillas y sustentó 15 mil granjas agroecológicas. Hubo más de 200 mil aves entregadas y unas 170 mil personas capacitadas, según los datos que aportan desde el programa. Su importancia aumenta en contextos de hambre creciente.

“El programa tiene 34 años de antigüedad. Nació en una de las tantas emergencias económicas que tuvimos, como paliativo a la situación de necesidad de las familias. Empezó por algunas regiones y fue un éxito notable, con muy buena acogida en las comunidades y buen desempeño. Eso lo consolidó año a año como programa ejemplar en Argentina e incluso en el mundo”, destacó Roberto Cittadini, coordinador de Pro-Huerta entre 2006 y 2013.

Agregó: “En América Latina tuvo mucha repercusión. Estuve en una misión de trabajo en Francia y cuando uno presentaba el programa se quedaban sorprendidos; se presentó en la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como ejemplo. Eso ha llevado a que todos los gobiernos los sostengan, hasta el momento”.

“En una situación crítica como la actual, con la desocupación que se está generando y la baja de ingresos, se vuelve más estratégico aun. Es inentendible -o entendible desde una visión donde la justicia social no interesa- que no continúe”, cuestionó el especialista.

“Hay un tema de ineficacia y desidia también. Porque no hay una noticia firme que diga que se cerró Pro-Huerta. Deja de existir porque nadie se ocupa. El INTA tiene listo el convenio firmado, pero no tiene interlocutor. Todos los años se renueva el convenio, el Ministerio financia gran parte y el INTA instrumenta a través de su red en todo el país. En los hechos, sin renovación, está dejando de funcionar sin que nadie diga que terminó”.

Según difundió un investigador del INTA en la red social X, trabajadores del espacio recibieron días atrás una notificación por Whastapp: “El logo del Pro-Huerta no se continuará usando ya que no existe el programa, desde abril se discontinúa el uso”.

El mercado y las semillas

Cittadini explicó que en gran medida las semillas de Pro-Huerta en lo que va del año se llegaron a distribuir, porque se habían licitado el año pasado. “Pero para la próxima temporada no va a haber más. Eso implica no solo un perjuicio muy grande para huerteros, sino también para las familias que producen las semillas: una cooperativa de minifundistas de San Juan que vienen de un proyecto de INTA con la misma antigüedad de Pro-Huerta o más”.

Todo esto se da, además, en un marco en que el gobierno de Javier Milei viene intentando favorecer la mercantilización de las semillas, como reclaman las multinacionales. “Todo tiene relación. Los sectores más concentrados del agro-negocio propugnan la modificación de la Ley de Semillas para cobrar regalías o patentes por todo uso de semillas. Desde Pro-huerta y la agricultura familiar se venía promoviendo el intercambio y el uso de semillas propias, pero quieren terminar con todo eso”.

Tanto en la primera como en la segunda versión de la Ley Ómnibus –que se intenta volver a impulsar por estos días- figuraba el intento del Gobierno de adherir a una convención internacional que da más poder sobre las semillas a corporaciones trasnacionales como Bayer-Monsanto y locales como Bioceres. Desde otro lado pero en el mismo sentido, se desmantelaron el mes pasado el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF).

“Esperemos que se revierta lo de Pro-Huerta –deseó Cittadini- Esto ya pasó una vez hacia el año 2000, con la Alianza. Se había discontinuado el programa y hubo cuatro o cinco meses sin cobrar, incluso se acudió a la Justica. Fue tan fuerte la reacción de la comunidad y los técnicos que siguieron trabajando sin cobrar, que se revirtió. Esa experiencia podría servirnos para ponernos firmes contra este avasallamiento de los derechos”.