La CGT decidió convocar al segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei, que se hará el 9 de mayo. Se trata de una medida de fuerza que se tomó a menos de un día de haber sido recibido la cúpula sindical en la Casa Rosada por funcionarios nacionales. Además, los gremialistas resolvieron hacer una masiva movilización a Plaza de Mayo para el 1° de mayo -Día del Trabajador- en protesta contra las políticas del Gobierno.

La decisión fue debatida desde las 14.30 por el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802, en donde se analizó lo conversado 24 horas atrás con el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

“No podemos aceptar que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites. Somos organizaciones sindicales responsables y tenemos claros cuáles son los límites y las posibilidades de cada sector para llegar acuerdos”, indicó Daer. En conferencia de prensa junto a los otros integrantes del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña, Daer aclaró que “el paro es por 24 horas sin movilización” el 9 de mayo.

Luego del encuentro que determinó la medida de fuerza, el dirigente del gremio de Sanidad señaló que el gobierno de Milei “entorpece” las negociaciones salariales vigentes. “Primero se da este retiro del Estado de las negociaciones y después el ingreso entorpeciendo la actividad de paritaria. Esto nos lleva a una complicación doble, porque primero tenemos que pelear en la puja distributiva y después por el cobro de ese salario”, expresó Daer.

El anuncio de hoy se produjo tras un tironeo interno entre sectores que tienen intereses distintos y, a veces, contrapuesto. El sector dialoguista de la CGT proponía realizar el paro después de la movilización del 1° de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador, para medir la respuesta de sus bases antes de concretar otra huelga, mientras que la fracción combativa quería realizar el paro cuanto antes.

De todos modos, los dirigentes cegetistas ya les habían anticipado a los funcionarios nacionales que este jueves se iba a poner fecha a “medidas de acción directa” (en alusión al segundo paro general luego del que se hizo el 24 de enero, de 12 horas con movilización) y que se iba a ratificar la concentración en la Plaza de Mayo.

Sin embargo, en la Casa Rosada no les pidieron que cancelaran o postergaran las medidas de fuerza y tuvieron gestos de buena voluntad hacia la los jefes de la CGT: les pidieron disculpas por no haberlos llamado a dialogar antes y por no haber consensuado la reforma laboral del DNU 70. Y, además, prometieron discutir en una mesa conjunta el contenido de una “modernización” de la legislación laboral (se acordó no hablar de “reforma”) para incluirla en la Ley Bases, pero sin los artículos que irritaron a la dirigencia gremial porque ponían en riesgo su andamiaje de poder.

Los representantes del Gobierno también les solicitaron un “acompañamiento durante 2 o 3 meses” con acuerdos salariales que no superen la inflación prevista, para lo cual garantizaron, a través de Cordero, que se acelerará el ritmo de las homologaciones que se acumulan sin aprobar.

Los sindicalistas advirtieron que negocian las paritarias con “responsabilidad” y que “los salarios no son el tema central de los problemas macroeconómicos de la Argentina”, por lo cual rechazan la demora en homologar algunos acuerdos. Cordero explicó que recién ahora pudo completar su equipo y así empezar a ponerse al día con las homologaciones. “Ahora se está normalizando todo”, dijo.

En la reunión de la Casa Rosada estuvieron dos de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), pero no concurrió el tercer miembro del triunvirato de conducción, Pablo Moyano, quien fue sorpresivamente reemplazado por su papá, Hugo Moyano. El jefe del Sindicato de Camioneros aprovechó el contacto con los funcionarios libertarios para plantear su queja por la falta de homologación de su último aumento salarial, del 45% para marzo y abril.

En un clima de cierta distensión entre el Gobierno y la CGT, Moyano cedió ante la negativa oficial a homologar la paritaria al aceptar una renegociación del convenio, dejando sin efecto el que se había firmado, en un esquema aún en discusión que tendría una vigencia de cuatro meses, de marzo a junio, con aumentos a tono con el descenso de la inflación, como quiere el Ministerio de Economía.