Están imputados de "torturas,
robos, allanamientos ilegales, apremios, amenazas coactivas, falsedad
ideológica, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios ilegales,
abuso de armas y severidades".
La jefa de la repartición y
cinco subordinados quedaron detenidos por delitos como torturas, robos,
apremios, amenazas y allanamientos ilegales.
Seis policías del Comando
Radioeléctrico de La Costa -con jurisdicción en la zona ribereña este de la
ciudad de Santa Fe- están presos desde el martes 6 de febrero por una serie de
graves delitos imputados por el fiscal de la Unidad de Violencia y Corrupción
Institucional Ezequiel Hernández y el jueves 14 de febrero (tras el receso por
los carnavales) se realizará la audiencia de medidas cautelares en la cual se
establecerá si siguen tras las rejas y por cuánto tiempo.
LA
ACUSACIÓN DEL FISCAL
La Fiscalía acusó a la jefa,
un oficial y cuatro suboficiales de la mencionada repartición por los delitos
de "torturas, robos, allanamientos
ilegales, apremios, amenazas coactivas, falsedad ideológica, privación
ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios ilegales, abuso de armas y
severidades", según enumeró el fiscal en una rueda de prensa.
En tanto el defensor de los
detenidos, el abogado Jorge Qüesta, solicitó postergar la audiencia de medidas
cautelares porque "son seis
imputados con 11 delitos, cada uno tiene varios hechos y es muy voluminoso el
expediente".
ACTUABAN
EN BANDA
El lunes pasado Santa Fe
volvió a sobresaltarse cuando seis efectivos de policía de la Unidad Regional I
fueron detenidos y acusados de integrar una banda que cometía todo tipo de
tropelías en el distrito costero que corre paralelo a la ruta provincial 1, en
el departamento La Capital. La jefa del Comando, comisaria inspectora Nadia Lucrecia
S. (36); el oficial Ariel Alejandro S. (41); y los suboficiales Carlos Javier
N., (41); Exequiel M., (31); Lucía G., (36); y Juan Emilio T., (28), fueron
detenidos por orden del fiscal Hernández en sus domicilios.
4
POLICÍAS MÁS ESTARÍAN INVOLUCRADOS
Además se indicó que hay
cuatro efectivos más que están involucrados en la investigación y que serán
imputados en los próximos días, aunque afrontarán el proceso en libertad. Por
los delitos que se les imputan, entre ellos el del torturas, a los seis
policías podrían caberles penas de entre 8 y 25 años de prisión.
EN
EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS.
El martes, en los Tribunales
santafesinos, los policías se sentaron en el banquillo de los acusados y frente
a la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Sandra Valenti
escucharon la imputaciones del fiscal Hernández. La jefa del Comando fue
imputada de 41 delitos. A sus subalternos los acusaron de entre 23 y 36
ilícitos.
CÓMO
ACTUABAN
Tras la audiencia el fiscal
explicó que a partir de la implementación de la Unidad Especializada en
Violencia Institucional comenzaron a llegar a su escritorio "dos o tres
denuncias semanales en la que se mencionaba a efectivos del Comando
Radioeléctrico de la Costa". Fue así que unificó la investigación en manos
de la División Asuntos Internos y el área de Judiciales de la UR I. "Esto
data de octubre, noviembre y diciembre del año pasado", dijo el fiscal y
agregó que "la más antigua de las denuncias recopiladas es de enero de
2017".
Al describir el modus
operandi de la pandilla, el fiscal hizo hincapié en que si bien entre los
detenidos está la jefa del Comando de la Costa, en la banda no había una
división de roles. "Era una banda que se dedicaba a esto (el delito)
cotidianamente", indicó Hernández. Luego el fiscal describió las prácticas
de esta pandilla a las épocas más oscuras de las dictaduras que padeció el
país.
Del relato de la acusación
se infiere que los policías salían a patrullar por la costa santafesina y
cuando se les presentaba una ocasión favorable o veían algún vecino vulnerable
por tener conflictos con la ley penal, con su credibilidad doblegada por los
antecedentes policiales, lo tomaban como presa.
Tras mancillar sus derechos
y robarle lo que pudieran, blanqueaban el operativo ilegal con un acta
preventiva falsa en la que fingían un procedimiento en flagrancia. Luego
trasladaban el operativo a las comisarías de la zona. Según el relevamiento,
las víctimas que denunciaron hechos similares son alrededor de 30.
La pandilla actuaba
mayormente de día. Ingresaba a las viviendas de sus víctimas, las privaban de
la libertad, les exigían dinero, armas y drogas, y se llevaban todo objeto que
consideraran de valor. Convertían el lugar en un botín de guerra. "Uno de
los ilícitos más reiterado consistía en ingresar a domicilios particulares sin
la correspondiente orden de allanamiento, agredir y golpear a las personas que
estaban en el lugar y llevarse pertenencias de las víctimas", explicó
Hernández dejando entender que eran crueles con las personas que se cruzaban en
sus caminos.
"Finalmente realizaban
actas de procedimiento en las que insertaban declaraciones falsas con la
deliberada intención de ocultar los delitos cometidos", indicó. Si bien
los procedimientos eran trasladados como acto final a las comisarías (sub 4ª,
sub 6ª y sub 14ª) el fiscal indicó que "no hemos determinado complicidad
de esas seccionales. En general, el relato de las víctimas decía que los
trasladaban a una pieza separada donde no había personal de la seccional".
El fiscal Hernández contó
que la pandilla continuaba operando más allá de las denuncias. "Cuando iba
el médico policial a constatar los golpes, las víctimas eran amenazadas. Les
decían que si denunciaban los iban a matar, les iban a llevar a sus hijos, quemar
la casa o, en uno de los casos, hacerlos desaparecer", contó el fiscal.
CASOS
ABERRANTES
Como casos testigos el
representante del Ministerio Público de la Acusación describió lo que debieron
pasar una vecina embarazada que fue golpeada y a raíz de los golpes sufrió un
aborto; un muchacho de 17 años "con una notable discapacidad" al que
en la comisaria obligaron a meter un dedo en un ventilador; y un muchacho al
que sometieron al método de tortura llamado "submarino seco" (colocarle
una bolsa de nailon en la cabeza para provocarle asfixia) mientras lo azotaban
con un látigo de doble trenzado.
También relató el caso de
una pareja de adictos a la que le robaron la droga que tenían y la de una nena
de 12 años a la que le sustrajeron su alcancía y amenazaron con llevarla a un
centro de acogida de menores para que la violaran; y el de un joven que recibió
21 puntos de sutura el cabeza por los golpes que le propinaron. La pandilla,
incluso, hacía descalzar a sus víctimas y les pegaba en la planta de los pies
con palos.
Cerrada la audiencia de
imputación, el viernes debían analizarse las medidas cautelares para los
policías. El fiscal Hernández ya había adelantado que solicitará la prisión
preventiva de los seis efectivos. Pero la audiencia fue suspendida a pedido de
la defensa de los efectivos y todo pasó para el próximo jueves a las 8 de la
mañana. El abogado Qüesta explicó que la prórroga fue solicitada debido a
"lo voluminoso" de la acusación.
LA
ESTRATEGIA DEL DEFENSOR
En declaraciones a medios
santafesinos el abogado comenzó a desplegar su estrategia defensista. "Si
una persona llega lesionada a una comisaría el policía en el lugar tiene la
obligación de denunciar lo sucedido. Y no tenemos constancias de que en las
comisarías se hayan producido ese tipo de denuncias", indicó el letrado.
Fuente:
La Capital