Así lo acaba de resolver el juez de la instrucción penal preparatoria. Fiscal y querella piden condena de prisión de efectivo cumplimiento por delitos de defraudación al Estado; peculado; abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso. Caso Unimog y el subsidio trucho a nombre de aborígenes.

Las imputaciones:

Defraudación al Estado provincial; peculado; abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso, son los delitos que le imputaron el miércoles 2 de noviembre de 2016 en el Ministerio Público de la Acusación al ex funcionario Provincial Pablo Zancada.

Mientras que a su ex colaborador -el contador Roberto Fumo-  le atribuyeron los delitos de Defraudación a la Administración Pública y partícipe secundario en los delitos de Peculado, Malversación de Fondos Públicos y Uso de Documento Privado Falso, en la audiencia imputativa que se concretó el miércoles 26 de octubre de 2016.

Pedido de condena:

La pena que solicitó la querella se imponga al momento de ser condenados los imputados son de:

a) Para Pablo Ventura Zancada la pena de Cuatro (4) años y Seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas y, asimismo, la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos o empleos públicos.

b) Para Roberto Carlos Fumo la pena de Tres (3) años y Seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas y, asimismo, la accesoria de inhabilitacion perpetua para ejercer cargos o empleos públicos.

Para la fijación de la misma, son circunstancias de interés: siguiendo el art. 451 del CP pueden distinguirse en esta acusación y  con relación a ambos acusados, circunstancias que aumentan la culpabilidad y el reproche penal, por ende la respuesta punitiva, y otras que obran en sentido inverso. De su ponderación conjunta resulta la pena en concreto peticionada. Dichas circunstancias son:

Circunstancias agravantes de la culpabilidad y el reproche:

“Art. 41.- … 1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla...” La repetición y serie de ardides y zancadillas; para defraudar al Estado provincial, del cual eran funcionarios públicos, pero lo más grave S.S. es que en ello se llevaron puesta nuestra dignidad como pueble originario; ultilizándonos (como antaño) de la manera más vil y repugnante.- Se han aprovechado de nuestra condición de personas vulnerables y victimizándonos de diversas maneras y nó es sólo ello sino que aún luego de la denuncia y la promoción de la acción penal; intentan hacer aparecer que la comunidad lucró con venta del camión, más artero aún.

“Art. 41º: … 2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, ...” El Sr. FUMO es contador público nacional, desempeñando en la administración pública funciones inherentes a la misma que requieren de dicho título habilitante. El Sr. ZANCADA es una persona de larga trayectoria en la actividad comercial, como en la función pública, habiendo sido diputado nacional por el distrito electoral Santa Fe y funcionario del Poder ejecutivo Provincial en varias oportunidades. Éstos antecedentes, niveles de educación, edades, actividades anteriores hacen que la conducta desplegada sea más reprochable aún.-

“Art. 41º: … 2º... la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir...”: Debe considerarse en este sentido que no fueron necesidades básicas insatisfechas suyas o de personas por las que debieran especialmente velar las que determinaron la conducta, por el contrario, se trató de una estafa en un año electoral con destino incierto del dinero, con compras de bienes a sí mismo (ZANCADA a su comercio, o mejor dicho, de la SRL que él gerentea). Infame y deleznable. Mayor culpabilidad, mayor pena.

“Art. 41º: … 2º ...la participación que haya tomado en el hecho,...”: Ambos son autores o partícipes necesarios de los hechos más graves, por ende su determinación por el incumplimiento voluntario y consciente de la norma jurídica es merecedor de mayores reproches.

“Art. 41º: … 2º... y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y ... modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad...” Las víctimas y/u ofendidos por los delitos es la comunidad de etnia mocoví, particularmente pobre y necesitada, a cuyos dirigentes, valiéndose del peso de la amistad, autoridad y de reiterados engaños e insistencias se vulneró en sus derechos más esenciales: no ser víctimas de un ilícito, no ser ofendidos en su dignidad y consideración moral. Ahora la comunidad tiene una deuda por la mala inversión del subsidio y la imposibilidad de rendir cuentas en legal forma, y si el estado provincial condonara dicha deuda, sería una pérdida sensible para éste, o sea para toda la comunidad santafesina. Todo ello demuestra la falta de escrúpulos que les permitió, para fines ilegítimos o inconfesables, utilizar a personas vulnerables sin miramientos de ningún tipo.

Dicen que tienen en cuenta que ambos no tienen condena previa.

La defensa había pedido la nulidad de las actuaciones, además de considerar que no hay prueba de la comisión de delitos, a lo que el juez de esta instancia no dio lugar. Queda el recurso de la apelación para intentar evitar el juicio, si es que un juez superior no coincide con Basualdo.

Al salir de la audiencia oral y pública llevada a cabo el jueves 08 de febrero de 2018, el abogado defensor de Pablo Zancada, Dr. Elías, anticipó que "probablemente hagamos un planteo de apelación con respecto a las nulidades y excepciones; y con respecto al tema probatorio, veremos que dice la resolución que el juez dará a conocer en marzo". Se mostró confiado que "se va a probar que Pablo Zancada es inocente y Fumo también”. Quiere terminar "rápido, porque este proceso ya lleva un año y medio y la verdad que afecta bastante a los dos desde todo punto de vista”.

Destacó el profesional de la defensa que “el proceso se desarrolla sin irregularidades”, lo que si considera "una irregularidad es la denuncia generada por una coacción que pedimos que se investigue y el fiscal no investiga. Lo hemos planteado ahora y el juez no ha dado lugar, esperamos los fundamentos e iremos a la cámara”.

El juez dará los argumentos de su decisión en marzo, y también decidirá cuáles de las pruebas ofrecidas por las partes serán consideradas en el juicio oral y público. La acusación ofrece 40 testigos y la defensa 35, incluyendo hasta el Obispo.

Fuente: Gustavo Raffín.