La historia del "barco fantasma" que navegó casi 60 kilómetros a la deriva sobre el río Paraná es también la de la industria naval argentina. La nave es, en rigor de verdad, el casco de un buque en construcción que pertenece el Estado y que está abandonado hace dos décadas.

El dueño de Astilleros Corrientes S.A. Miguel Gutnisky expresó:  "Estamos muy preocupados" dijo. A Gutnisky se le escapan las fechas y los nombres. "Fue todo hace más de 20 años", se justifica. El dato no es menor, sino que es una señal del trasfondo del caso: la desidia del Estado al que pertenece la nave, pero que nunca se hizo cargo. "Lo podrían vender o seguir construyendo. Sólo el motor con la caja debe valer unos 2 millones de dólares", evaluó el empresario.

ASTILLEROS CORRIENTES S.A.

Cuando a Astilleros Corrientes S.A. le encargaron la construcción del ahora "barco fantasma" venía de una época de enorme prestigio construido con algunos hitos, como la exportación a los Estados Unidos de dos plataformas submarinas de perforación. Lo cierto es que, según recuerda Gutnisky, en 1993 una empresa privada consiguió financiamiento del Fondo Nacional de la Marina Mercante para construir un barco y la licitación la ganó la empresa ubicada en la margen izquierda del kilómetro 1.200 del río Paraná.

"A mediados de los 90, la empresa que nos contrató entró en concurso y llegó a un acuerdo con el gobierno, a través del cual el Estado se hacía cargo del pago a sus acreedores y se quedaba con el barco. A nosotros nos pidieron que continuemos con la obra, pero nunca avanzó", repasó Gutnisky.

EN EL 2000 TENÍAN UN PLAZO DE 60 DÍAS PARA REMOVERLO

En el 2000, ya con Fernando De la Rúa en la Casa Rosada, Astilleros Corrientes firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía para que el barco en construcción sea removido en un plazo máximo de 60 días, pero el Estado volvió a incumplir.

Y así pasaron los años.

Hubo distintas gestiones durante el kirchnerismo, pero nadie se interesó por el UROS-Z de 107 metros de eslora, 14,5 metros de manga y 6,70 metros de puntal. La llegada de Cambiemos al poder tampoco cambió el panorama. "Fuimos a la oficina de Bienes del Estado, y nos dijeron que no les correspondía, porque no era un inmueble. Después en otra oficina encargada de los barcos nos aclararon que en realidad era un barco en construcción, porque no tiene matrícula, por lo que tampoco tenían jurisdicción. Incluso una vez en Corrientes hablamos con el (ministro de Interior Rogelio Frigerio, a quien le entregamos una carta porque se interesó en el tema, pero también quedó en la nada".

En resumen, el Estado tenía la obligación de sacar el barco del astillero cuando hace unos días una creciente rompió sus cabos y empezó a navegar a la deriva. "Si algún gobierno cumplía, esto no hubiera pasado. Ahora tenemos un enorme problema. Ya tuvimos que contratar a un barco para que lo llevé hasta el puerto de Empedrado, pero se volvió a soltar y la Prefectura lo empezó a custodiar, avisando a las otras embarcaciones que no se acerquen", advirtió Gutnisky.

LA VENTA DE BIENES DEL ESTADO ES UNA POLÍTICA NACIONAL

Sin embargo, la desidia no tiene sentido, menos, en una época de ajuste. Cambiemos convirtió en un política de Estado la venta de bienes del Estado. Y Gutnisky aclaró que barco en construcción se puede recuperar. "Se puede continuar la construcción o venderlo así como está. Tiene un motor nuevo y como iba a ser un buque químico, tiene las bodegas de acero inoxidable que son carísima. Todo eso vale millones, es plata del Estado que perfectamente se podría recuperar", finalizó.