MOLESTOS
TODOS LOS INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN.
El Fiscal General, los
Fiscales Regionales y fiscales y fiscales adjuntos de toda la provincia le
transmitieron su preocupación a Miguel Lifschitz. Fue en dos reuniones que
tuvieron esta tarde en Rosario. Le manifestaron al mandatario que la norma
aprobada por la Legislatura es inconstitucional y afecta la autonomía e
independencia del órgano de persecución penal.
LA
REUNIÓN CON EL GOBERNADOR
El Fiscal General, Jorge
Baclini, los cinco Fiscales Regionales y 11 fiscales de toda la provincia se
reunieron esta tarde con el gobernador, Miguel Lifschitz, en la ciudad de
Rosario. Fue en el marco de dos reuniones realizadas en la sede de la
gobernación en la ciudad del sur provincial, en la que le manifestaron al
mandatario su preocupación por la ley que aprobó la Legislatura y que modifica
sustancialmente las leyes 13.013 y 13.014.
“Le
transmitimos personalmente al gobernador la postura institucional consensuada
en la Junta de Fiscales”, informó Baclini. “Le dijimos a la máxima autoridad provincial que estamos convencidos
que la norma aprobada por los legisladores es un avasallamiento a la
independencia de los poderes propia de una república y aniquila la autonomía
del órgano encargado de la persecución
penal”, agregó Baclini. En tal sentido, sostuvo que “modifica el régimen de remoción de los Fiscales y Fiscales Adjuntos,
que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo y los coloca en
una situación de inestabilidad y precariedad en relación a su objetividad técnica
y funcional”.
“Entendemos
que este nuevo mecanismo que aprobaron los diputados y senadores es de dudosa
constitucionalidad y coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso
de su calidad institucional en relación a las provincias argentinas”,
aseguró el Fiscal General. “Si bien la
modificación fue aprobada unánimemente, no deja de sorprendernos que se hizo de
forma sorpresiva, intempestiva, sin debate previo y en la última sesión
ordinaria del año”
El titular del MPA añadió
que “los Fiscales y Fiscales Adjuntos
deben estar sometidos a controles jurídico-disciplinarios. Así está establecido
en la norma aún vigente que, por lo demás, se ajusta a lo que impone el
artículo 91 de nuestra Constitución Provincial y es la forma que utilizan las
leyes orgánicas de los Ministerios Públicos de todo el país para regular la
temática”.
Baclini comentó que “el gobernador se comprometió a estudiar la
ley aprobada y nos dijo que luego analizará los pasos a seguir”.
LOS
PRESENTES
Baclini estuvo acompañado
por los cinco Fiscales Regionales:
-Carlos Arietti (Fiscalía
Regional 1, Santa Fe)
-Patricio Serjal (Fiscalía
Regional 2, Rosario)
-Alejandro Sinopoli (Fiscalía
Regional 3, Venado Tuerto)
-Rubén Martínez (Fiscalía
Regional 4, Reconquista)
-Diego Vigo (Fiscalía
Regional 5, Rafaela)
SEGUNDA
AUDIENCIA
En la segunda audiencia,
también estuvieron presentes 11 fiscales y fiscales adjuntos de toda la
provincia:
-Estanislao Giavedoni y
Milagros Parodi (Fiscalía Regional 1);
-Sebastián Narvaja,
Guillermo Apanowicz y Gisela Paolicelli (Fiscalía Regional 2, Rosario)
-Matías Merlo y Paula Borrello
(Fiscalía Regional 3)
-Gustavo Latorre y Leandro Benegas
(Fiscalía Regional 4) Martín Castellano (Fiscalía Regional 5)
Las máximas autoridades y
funcionarios del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP)
también participaron de la segunda audiencia.
CONSENSO
NACIONAL
Baclini también se refirió
al “inmediato rechazo que generó la
aprobación de la modificación de las leyes 13.013 y 13.014 en las instituciones
más representativas del país vinculadas a la persecución del delito, al Derecho
Penal y al Derecho Procesal Penal”. En tal sentido, enumeró los documentos
que hicieron público el Consejo de Política Criminal de los Ministerios
Públicos de la República Argentina; el Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; y la Asociación de
Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También
mencionó los pronunciamientos de la Asociación Civil de Magistrados y
Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina y
una misiva que envió al gobernador la Asociación Argentina de Fiscales. Además,
el Consejo Federal de la Defensa Pública; la Asociación Argentina de Profesores
de Derecho Procesal Penal; la Asociación del Pensamiento Penal; y el INECIP. En
tanto, en nuestra provincia también se manifestaron el Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal; el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la
provincia; y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario.
Fuente:
Oficina de Prensa y Difusión - Fiscalía General - Ministerio Público de la
Acusación.