ASOMBRO
TOTAL DE JUECES Y ABOGADOS DE LA CIUDAD CHAQUEÑA
Jueces y abogados del medio
no lo podían creer: un allanamiento, con gran despliegue de efectivos de
Gendarmería Nacional, a oficinas de una Defensoría Oficial de la justicia
local. En la puerta de acceso al edificio, varios gendarmes tomaban nota de
cada una de las personas que ingresaban. Adentro, peritos buscaban elementos
que les permitan analizar si hay alguna vinculación con una causa sobre narcotráfico
pero también, con el lavado de activos provenientes de esa actividad ilícita.
EN
BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN Y COMPUTADORAS.
Están buscando papeles y
computadoras en la oficina del doctor (Matías) Jachevsky”, dijo una empleada
judicial. La sorpresa fue mucho más grande aún. Es que, la jueza Sandra Arroyo
Salgado, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional de San Isidro N° 1 de San Isidro, ordenó, a través de su
secretaría Penal N°1 en el expediente “Sancho,
Gustavo Darío s/infracción Ley 23737” un allanamiento a las oficinas de la
mencionada Defensoría ubicada en el edificio donde funcionan los juzgados de la
Segunda Circunscripción judicial de la calle 9 de Julio entre Belgrano y
Guemes, de Sáenz Peña, y del domicilio particular del funcionario judicial
Matías Jachevsky en el Barrio 50 Viviendas Plan Federal, al norte de calle 51.
LA
EX ESPOSA DEL FISCAL NISMAN
Arroyo Salgado es una
magistrada conocida por el manejo de varias causas resonantes, pero sobre todo
por ser la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte conmocionó al país
(dos días antes de que debiera acudir al Congreso para explicar los términos de
su acusación de encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y otros funcionarios en la causa AMIA) y aún permanece sin
esclarecimiento.
¿QUÉ
QUIERE SABER LA JUEZA FEDERAL?
El operativo fue llevado
adelante por efectivos del Escuadrón 1 de Gendarmería Nacional y estuvo
presente el jefe la Agrupación XVIII “Chaco” Nacional., Pablo Lezcano Coutiño,
junto al titular del escuadrón local Alberto Martín Farías, y demandó casi toda
la jornada de ayer.
La magistrada quiere saber
varios aspectos de una causa relacionada a narcotráfico, y que podría llevar a
determinar que hubo lavado de dinero originado en la actividad narcocriminal
del narcotráfico.
UNA
AVIONETA CON MATRÍCULA BOLIVIANA
Se menciona, a modo de
relación, el incidente ocurrido cuando una avioneta que tuvo un desperfecto
mecánico años atrás cerca de la localidad de Corzuela, aterrizó en el pastizal.
Allí, la avioneta fue encontrada y según el análisis de los peritos, había
signos que habría transportado cocaína. La aeronave tenía matricula boliviana.
En esta causa, aparece en
escena Gustavo Darío Sancho, que contrató como abogado defensor a Matías
Jachevsky. Previo a este suceso, Sancho había sido detenido en un control de la
Ruta Nacional 16 cuando circulaba en una camioneta 4x4 y en su interior
encontraron dinero en efectivo, pero fue liberado al poco tiempo.
La relación de cliente y
abogado defensor habría continuado, a consideración de los investigadores, y en
este marco, se avanza en determinar si hubo lavado de activos procedentes del
narcotráfico, teniendo en cuenta que Sancho está sospechado de ser uno de los
brazos del tráfico de drogas en el país y que al estar de las causas que se lo
imputó, se lo detuvo y luego se lo liberó, pasaba a menudo por las rutas del
Chaco.
¿QUÉ SE LLEVARON?
Para ser peritados en el
Juzgado Federal de San Isidro, los gendarmes incautaron equipos de teléfonos
celulares, carpetas, pendrives, anotadores, computadoras y también incautaron
vehículos particulares de la familia.
La jueza Arroyo Salgado,
habría ordenado la detención -en condición de incomunicado- del funcionario
judicial, pero no habría sido ejecutada esa orden debido a los considerandos de
la ley de fueros, lo cual fue asentado en el acta que se realizó al término de
los allanamientos.
SORPRESA
POR EL OPERATIVO
“A
la perinola... ¿qué está pasando acá?¿Por qué será?”,
preguntó asombrado un abogado del foro local a sus colegas ayer en
inmediaciones a la puerta de acceso a los juzgados de esta ciudad. “No sé, pero es de la instancia federal por
tanto movimiento de gendarmes”, atinó a responder otro profesional del
Derecho.
El juez del Trabajo, Hugo
Osicka, también tuvo que identificarse para ingresar al edificio donde cumple
sus funciones, porque los controles de los uniformados mientras duró el procedimiento
fueron estrictos. El allanamiento en el juzgado, en las oficinas de la
Defensoría Oficial, fue algo inédito, sobre todo porque la magistrada
interviniente ordenó esta medida a las oficinas del Poder Judicial por una
causa de instancia federal, con lo cual marca el grado de gravedad que podría
tener y las implicancias que obran en el expediente en cuestión.
Fuente:
Diario Norte