A través de un comunicado de
prensa, el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe explicó
los pasos procesales que cumplió el magistrado Nicolás Falkenberg quien, a
pedido de la fiscal María Laura Martí, habilitó las escuchas de cinco líneas
telefónicas, una de ellas perteneciente al ministro de Seguridad, Maximiliano
Pullaro.
Martí estaba investigando
presuntas irregularidades en la administración de las horas OSPE (horas extras
de la policía) por lo cual solicitó al juzgado las escuchas "con carácter de urgente, en el marco de la investigación
por delitos contra la Administración Pública y falsificación de documento
público" según explican los jueces en el comunicado.
Falkenberg antes de conceder
autorización le pidió a la fiscal que amplíe los motivos concretos del
procedimiento a lo que Martí considera que son "relevante para la causa, datos precisos sobre la comisión de
hechos delictivos que -además de su importancia “per se” revelan animosidad en
entorpecer la investigación en curso".
Además, subraya "la necesidad de aprovechar la fluidez
en las comunicaciones, es imprescindible para continuar con la investigación,
como así también establecer la titularidad de las mismas..." aclara el
parte de prensa firmado por ocho jueces santafesinos.
Con esos argumentos, el
doctor Falkenberg habilitó las escuchas y se prosiguió con la investigación sin
conocer la titularidad de cada línea aunque, el mismo comunicado de los jueces
advierte que:
"De
lo expuesto surge que la peticionante consignó desconocer la titularidad de los
abonados cuya intervención peticiona, situación ésta que no obstaculiza la
procedencia de la intervención telefónica, toda vez que se trataría de
supuestos hechos ilícitos en curso de ejecución, teniendo en cuenta la urgencia
alegada a tales fines".
Además, alerta sobre "la utilización de contactos políticos
para que los acusadores públicos recibamos una advertencia por parte de las
autorizaciones" lo que alimentó las sospechas de injerencias del
Ejecutivo en el Poder Judicial.
Tal como informó LPO,
Pullaro se vio envuelto en un escándalo de magnitudes cuando comenzó a ser
investigado por presunto cohecho pasivo para favorecer a un comisario en el
concurso de ascenso. Resultado de las escuchas, se detectó conversaciones con
el titular de la Fiscalía General, Jorge Baclini, donde funcionarios judiciales
interpretaron que se estaba violando la independencia de poderes.
En otro comunicado, firmado
por la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa
Fe, manifestaron "nuestra profunda
preocupación por las declaraciones que son de conocimiento público relacionadas
a actuaciones de Fiscales en ejercicio de sus funciones en relación a
investigaciones llevadas adelante por posibles casos de corrupción"
En el mismo aclaran que "la función de los Fiscales, únicos
titulares de la acción penal pública es investigar toda hipótesis de delito
donde parezca verosímil el mismo, a través de los medios de prueba que habilita
el Código Procesal Penal" agregando que las intervenciones telefónicas
"se realizan con suficientes
fundamentos legales"
Es que en su defensa, el
ministro Pullaro en conferencia de prensa puso en dudas la legalidad de las
escuchas: "quiero saber si las
escuchas son legales. Si lo fueron, quiero conocer los fundamentos. Si fueron
ilegales quiero ver presos a los responsables".
Además, apuntó a sectores de
la policía que "hace meses quieren
frenar las políticas de reforma que está depurando nuestra policía y que poco a
poco comienza a mostrar resultados, por ejemplo hoy tenemos 110 homicidios
menos que el año pasado".
Respecto a la conversación
con los fiscales, Pullaro adujo que "es
mi obligación cuando tengo un policía involucrado en una causa llamar a la
fiscalía, con más razón si se trata de un jefe policial, y más todavía si la
causa la inició el Ministerio de Seguridad. Yo sabía que las imputativas por la
causa Ospe serían a fin de año".
Quien aumentó la temperatura
de confrontación con el Poder Judicial fue el ministro de Justicia Ricardo
Silberstein quien afirmó que el juez que autorizó las escuchas "sufrió estafa procesal" de
parte de los fiscales. Las declaraciones cayeron como una bomba en el
Ministerio Público de la Acusación y en la mayoría de los juzgados santafesinos.
Fuente:
La Política On line.